La renta básica
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a pandemia del COVID19,
volvió a poner en evidencia en Colombia la escases o inexistencia del Estado Social, contemplado en el artículo 1 de
la Constitución Política y lo mal que andamos posicionados en el coeficiente de
Gini[1]; según OCDE[2] Colombia
hoy es el país más desigual de Suramérica, el segundo en Latinoamérica después
de Haití y el cuarto en el mundo[3]; sin
duda que la pobreza cunde entre nuestros estudiantes e inclusive en
muchas de las familias de los maestros, las cuales siguen siendo víctimas de esta violación de
derechos humanos.
Un grupo de 50 congresistas (Partido Verde, Partido de la U, El Polo, El Partido Liberal, Decentes, Colombia Humana, Mais, Partido FARC y Senadores de Cambio Radical) proponen una renta básica que permita enfrentar la emergencia, que consistiría en un subsidio de $1.409.000 (un salario mínimo mensual con todas las prestaciones sociales legales) a cerca de
3,5
millones de trabajadores en actividades formales e
independientes, que estén en peligro de vulnerabilidad frente a la crisis; y de un salario mínimo
($877.000) a 9,5 millones de hogares pobres y vulnerables que tiene Colombia.
Por lo que se cubriría a 31 millones de personas. La propuesta en su totalidad
permite beneficiar a cerca de
71% de la población por un periodo de tres meses y tendría
un costo fiscal de $40,5 billones, lo que corresponde al 4% del PIB[1]; aun muy bajo
si se compara con lo que algunos países vienen invirtiendo: más del 29% como
Inglaterra o Estados Unidos o por encima del 10% como Perú o el 8% como
Chile y Brasil, Colombia no ha llegado al 3%[2].
Las fuentes de financiación de la propuesta sería un impuesto al patrimonio para las personas naturales
de mayor riqueza, subirlo del 1% al 10% (la escala variará según el patrimonio)
para los capitales y los patrimonios de mayor riqueza por encima de $5.000
millones, además de un crédito del Banco de la República que le dé liquidez al
programa, la renegociación de créditos internacionales y que se
lleve a cabo y una reforma tributaria estructural que le quite los beneficios
injustificados a las grandes empresas[3].
La movilización de los padres de familia, unida al
magisterio (la marcha del distanciamiento, del tapabocas o apagar la
virtualidad por 24 horas) es necesaria para garantizar que esta propuesta sea
aprobada y se garantice, así sea de forma temporal el bienestar para la mayoría
de los colombianos.
HÉCTOR ELIAS LEAL ARANGO
Presidente del SUTEQ
Maestros Unitarios e Isegoría.
Mayo de 2020
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